Consejo de Estado revocó condena que obligaba al Estado a pagar $16.000 millones

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El Consejo de Estado revocó una condena que ordenaba al estado a pagar más de $16.000 millones por la revocatoria que se llevó a cabo sobre una licencia ambiental en el proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”, que estaba ubicado en el departamento de Antioquia.

La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el marco de un proceso iniciado por un grupo de inversionistas que solicitaban, por un lado, la anulación de la resolución expedida por Corantioquia, una autoridad ambiental que revocó la licencia del proyecto, y por otro, una indemnización por los supuestos perjuicios económicos derivados de dicha revocatoria.

Aunque en 2016 el Tribunal Administrativo de Antioquia les dio parcialmente la razón al grupo de inversionistas, esta decisión fue apelada por Corantioquia, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, debido a que la revocatoria de la licencia ambiental se basó en estudios técnicos actualizados, que demostraban la insuficiencia del caudal del Río Frío para soportar el proyecto en los términos propuestos.

A su vez, la agencia explicó que la actuación de la autoridad ambiental fue legal, objetiva y sustentada en la normativa vigente. Como consecuencia de esto, la Andje señaló que el licenciamiento ambiental es una herramienta de carácter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno.

Teniendo en cuenta esto, la Andje aseguró que "debido a que no existía un daño antijurídico ni una relación directa entre la actuación administrativa y los perjuicios reclamados, no era posible que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado".

En respuesta a dichos argumentos, y en pro de proteger los recursos públicos de una afectación económica significativa, el Consejo de Estado acogió los planteamientos presentados por la Andje y concluyó que no había lugar a la indemnización exigida.

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“Esta decisión demuestra que la defensa jurídica del Estado no solo protege el patrimonio público, sino que también respalda el actuar legítimo de nuestras instituciones, especialmente cuando se trata de garantizar la sostenibilidad ambiental. Seguiremos trabajando con rigor técnico y compromiso por los intereses de la ciudadanía colombiana”, señaló César Palomino Cortés, director general de la Andje.